La desigualdad también se mide en Kilowatios
Carl Sagan advertía en El mundo y sus demonios que una sociedad que renuncia a la ciencia termina atrapada en supersticiones y falsas promesas. Colombia es ejemplo de ello: mientras el discurso oficial habla de transición energética, inteligencia artificial o ciudades inteligentes, millones de ciudadanos siguen sin acceso a la electricidad más básica. La ausencia de planeación basada en evidencia nos condena a realidades energéticas profundamente desiguales.
En un extremo, comunidades enteras viven en pobreza energética: no interconectadas a la red, con consumos inferiores a 50 kWh al mes y dependientes de diésel, kerosene o leña, costosos en dinero y salud. En otro, poblaciones que sí tienen acceso formal, pero con un servicio intermitente y de baja calidad, donde los apagones son rutina y el consumo apenas llega a 250 kWh mensuales. En contraste, las grandes ciudades gozan de mayor estabilidad, con promedios cercanos a 150 kWh por hogar (UPME, 2025).
En Colombia, 9,6 millones de personas viven en pobreza energética (Promigas, 2025). Esto significa no contar con acceso adecuado, confiable o asequible a servicios tan básicos como electricidad, refrigeración o combustibles para cocinar. Sus efectos se sienten a diario: niños que estudian a la luz de una vela, familias que cocinan con leña y se enferman, hospitales rurales que pierden medicamentos por falta de refrigeración y comunidades aisladas al no poder cargar un celular o conectarse a internet.
Mientras millones luchan por lo mínimo, el país enfrenta un nuevo ciclo de aumentos tarifarios. Para 2025 se proyectan alzas de entre 28% y 40% en hogares, y superiores al 35% en industria y comercio. La dependencia de importaciones de gas y electricidad, las sequías y los déficits internos presionan el sistema. El resultado: una espiral de costos que golpea el bolsillo ciudadano y deteriora la competitividad.
El reto energético es mayúsculo. El mundo necesita triplicar su oferta para sostener la revolución de la automatización y la inteligencia artificial; Colombia, al menos, debe duplicar su demanda actual. Y sin embargo, seguimos sin resolver lo básico: una excesiva dependencia de fósiles e hidroeléctricas, cuellos de botella en transmisión y una infraestructura que requiere 40 billones de pesos de inversión para evitar apagones o una crisis estructural (Andeg, 2025).
Hablar de inteligencia artificial, data centers y ciudades inteligentes inspira titulares, pero sin energía suficiente, confiable y limpia, no son más que promesas vacías. La masificación de dispositivos y tecnologías dispara la demanda y todavía no tenemos una respuesta clara de cómo cubrirla.
Vaclav Smil lo resume con crudeza en Energy and Civilization: “la energía es la base de toda civilización: sin ella, no hay desarrollo posible.” Ese debería ser el punto de partida de cualquier política seria en Colombia.
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