Esta semana se celebró el ciclo de conversatorios “Diálogos de futuro” para debatir el futuro de la educación en Colombia, en la sede de Bogotá de la Pontificia Universidad Javeriana. Este espacio resulta clave: la educación puede romper la trampa de pobreza que atrapa a 2,5 millones de Ninis, jóvenes sin empleo ni formación (DANE. 2025). No obstante, la educación actual perpetúa desigualdades, como advierten Cárdenas, Ferguson y García en su libro “La Quinta Puerta” (2021), un eco que resuena en las voces de lxs jóvenes durante diálogos sobre políticas de juventudes en el país.

En regiones como Amazonas, Vichada, Chocó y La Guajira, solo entre 20% y 30% de los jóvenes acceden a la educación superior. En Cartagena y Barranquilla la cifra es de 42% a 47%, mientras en Bogotá, Medellín y Bucaramanga el acceso supera el 70% (MEN, 2023).

En Bogotá, por ejemplo, este acceso se impulsa gracias a programas como Jóvenes a la E, que contrarresta la deserción universitaria general —que ronda el 13,7% anual— con una retención del 94,53% entre sus beneficiarios. Esto se logra mediante becas integrales, acompañamiento psicosocial y un auxilio de sostenimiento equivalente a un SMMLV semestral, aunado a un índice de oferta de programas con tasas positivas de retorno; así, la deserción es 11 puntos porcentuales inferior al promedio distrital (Atenea, 2024) que ha destinado cerca de 3,6 billones de pesos desde 2022 en matrículas gratuitas (ATENEA, 2025).

Sin estas ciudades, la tasa nacional caería aproximadamente 10 puntos, lo que evidencia que el resultado nacional está sostenido por las grandes ciudades, mientras las regiones continúan rezagadas.

La descentralización y una mayor autonomía regional, como propuse en una columna anterior, son claves para alinear la educación con las riquezas y vocaciones de cada territorio. Así, regiones como el Caribe (comercio portuario, energías renovables, turismo sostenible), la Andina (economía digital, industrias creativas), el Pacífico (bioeconomía, comercio intercontinental), la Orinoquía (agroindustria sostenible, energía) y la Amazonía (servicios ecosistémicos, turismo de naturaleza) se verían beneficiadas: su potencial único, si se alinea con una oferta educativa pertinente, podría catapultar el desarrollo de cada una.

Sin embargo, el centralismo ha limitado históricamente este avance, pues Bogotá concentra el 37% de las IES totales (alrededor de 109 instituciones), mientras que regiones como la Amazonía o la Orinoquía tienen menos del 1% cada una. Esto genera una brecha estructural que limita el acceso local, obliga a migraciones costosas y perpetúa desigualdades socioeconómicas (MEN/SNIES, 2023-2024), especialmente en mujeres (UNESCO, 2023).

La educación posmedia —técnica, tecnológica y profesional— debe vincularse con estas vocaciones para impulsar sectores emergentes como biotecnología, economía circular, industria 4.0 e industrias culturales. Por ejemplo, en el Caribe, programas en turismo sostenible y energías renovables podrían incorporar a 3 de cada 10 jóvenes adicionales —aumentando la transición educativa en un 20-30% en regiones vulnerables, según UNESCO (2022)—, es decir, cerca de 15.600 estudiantes (PTIES, MEN, 2024).

En el Pacífico, la bioeconomía capacitaría comunidades para exportar servicios ecosistémicos; en la Andina, la industria 4.0 —como el sector Fintech, que crece un 26% anual desde 2022 (Finnovista, 2024)— demanda expertos en inteligencia artificial y blockchain. En Arauquita, una joven me contó su sueño con la agroindustria: dada la riqueza local en cacao, miel, ganadería y producción láctea, la falta de presupuesto limita que la educación pública, pertinente y de calidad, llegue efectivamente a estos territorios.

Claramente, resolver las ineficiencias administrativas —que afectan el 25% del presupuesto nacional para regiones (DNP, 2023)— es urgente para desbloquear este potencial. Aprovechar el bono demográfico exige un nuevo mindset educativo, no negociable y libre de politiquería.

Actualmente, Colombia invierte 0,6% del PIB en educación superior (9 a 10 billones de pesos), por debajo del promedio global OCDE de 1,4% (LEE Javeriana/FES; UNESCO UIS, 2023). Subir este porcentaje al 1,4% para 2026 —que equivalen a 14 billones de pesos adicionales— permitiría financiar un modelo posmedia integrado: matrículas gratuitas, créditos contingentes al ingreso y alianzas público-privadas (30% de aporte privado en Bogotá mediante Jóvenes a la E). Este modelo debería priorizar programas pertinentes por región —biotecnología en Pacífico, tecnología digital en Andina, agroindustria en Orinoquía—, y exigir al Ministerio de Educación modernizar rápidamente el sistema de aseguramiento de la calidad y reducir trámites institucionales, para responder a los desafíos del cambio tecnológico y el mundo laboral hacia 2035.

Crear mecanismos público-privados de financiación y asignar un porcentaje de la reforma tributaria —que de seguro quien llegue a Nariño impulsará— permitiría destinar recursos clave a la educación. Mejor que sea para resolver problemas de capacidad institucional: desde la formación y actualización docente, hasta el fortalecimiento y expansión de la infraestructura universitaria en las regiones, como los multicampus proyectados en Kennedy, Suba (Bogotá) y Soacha. Si impulsamos estas reformas, la educación podrá convertirse en el puente hacia regiones autónomas, donde ningún territorio ni joven quede atrás. ¿Y si en 2026 apostamos por elegir bien y garantizar regiones más educadas y autónomas?