Ll pasado viernes 9 de septiembre, tras conocer que la Comisión Primera del Congreso archivó el referendo sobre autonomía fiscal regional —una iniciativa que buscaba consultar a los colombianos si los impuestos de renta y patrimonio dejarían de ser de la Nación para pasar a los departamentos y al Distrito Capital—, vino a mi memoria un pasaje de Gatti y Rubio: “El abandono no es solo la ausencia del Estado, sino la presencia de su indiferencia, que convierte a los lugares y a las personas en fantasmas de sí mismos” (2024). Los impulsores de la iniciativa sostenían que esta reforma pretendía devolver a las regiones la propiedad exclusiva de ese recaudo, respondiendo a una política centralista que, entre 2001 y 2023, les arrebató cerca de 400 billones de pesos (Banco de la República, 2024). Hoy, la baja autonomía tributaria sigue limitando la gestión local.

Esta propuesta pone en evidencia un problema estructural: la relación perjudicial centro-periferia. Durante décadas, la centralidad bogotana consolidó una lógica de dependencia y mendicidad, reduciendo la capacidad de las regiones para decidir sobre su destino. El presupuesto territorial se sigue definiendo en escritorios nacionales, a puerta cerrada, lejos de las realidades de municipios que reclaman soluciones como la construcción de obras básicas como colegios, acueductos y vías.

A pesar de los esfuerzos descentralizadores contenidos en la Constitución Política de 1991 —primero a través de municipios y departamentos, luego con esquemas como las RAPE y las áreas metropolitanas para la gestión regional y subregional—, uno de los principales desafíos sigue siendo la financiación, dada la dependencia de transferencias nacionales y el desconocimiento frecuente del potencial propio y la dinámica social, productiva y cultural de cada territorio.

La dirigencia nacional es incapaz de reconocer las potencialidades de la geografía colombiana. Nuestros 1.123 municipios y 32 departamentos nacieron de un diseño centralista heredado de los cabildos, audiencias y provincias coloniales. Esa estructura perpetuó dinámicas de pobreza, clientelismo y corrupción, bajo una mentalidad patrimonialista que relegó la autonomía regional a su mínima expresión y convirtió la gestión local en fortín político antes que en unidad de desarrollo.

Ahora bien, antes de asumir que la simple transferencia de recursos garantizará autonomía y desarrollo —porque ya conocemos la política en estos territorios—, conviene recordar algo esencial: una región no se hace rica por los impuestos de sus contribuyentes, sino por una visión compartida del horizonte al que quiere llegar y de la vocación que adopta para erigirse como polo de desarrollo y generadora de riqueza.

Colombia conserva una riqueza extraordinaria y un alto potencial de competitividad, incluso después de perder el bono demográfico. Nuestros activos ambientales, energéticos y sobre todo humanos son la base de un proyecto nacional distinto. Para materializarlo, es necesario repensar el modelo y avanzar hacia verdaderas Regiones Autónomas, capaces de definir su vocación y su horizonte de sentido.

Pero esto no es nuevo: Orlando Fals Borda en 1991 propuso un ordenamiento en el que las regiones y subregiones fueran reconocidas como organismos vivos, con identidad histórica, cultural y productiva. Distinguió entonces cinco grandes regiones: Caribe, Andina, Llanos, Amazonia y Pacífico. Unidades vivas que debían ser reconocidas en la política pública.

Treinta años después, su propuesta sigue vigente. La región Caribe, ligada al comercio portuario, la ganadería y la agroindustria, hoy lidera en energías renovables, turismo sostenible y economía cultural. La región Andina, motor industrial, minero y cafetero, concentra hoy la economía digital, la agroindustria de alto valor y las industrias creativas. El Pacífico, con tradición pesquera, minera y comercial, encuentra en su biodiversidad la puerta de entrada a la bioeconomía y al comercio intercontinental. La Orinoquia —más amplia que los Llanos de Borda, pues incluye Arauca, Casanare, Meta y Vichada—, históricamente asociada a la ganadería y el petróleo, se perfila como granero agroindustrial sostenible y potencia energética. Finalmente, la Amazonía, antes periferia extractiva, se consolida como activo ambiental global: proveedora de servicios ecosistémicos, bioeconomía amazónica y turismo de naturaleza.

En pleno siglo XXI, pensar en la autonomía regional como la continuación natural de la descentralización de 1991 no solo es legítimo, sino urgente. El mundo de hoy nos exige reorganizar el territorio: algunos oficios se extinguirán, pero surgirán nuevas oportunidades. Con vocaciones claras e identidad propia, las regiones pueden ser el motor de la biotecnología, la economía circular, la industria 4.0 y las industrias culturales. ¿Estamos listos para asumir ese reto o seguiremos atados a un centralismo que limita nuestro potencial y la posibilidad de unir al país?